En estos días he presentado un pliego de alegaciones a la aprobación inicial del Plan General de Ordenación Supletorio de Yaiza. Lo he hecho desde mi condición de ciudadano, sin el amparo de institución alguna ni desde los órganos de ninguna fuerza política. Por tanto, su contenido es solo mío, con sus aciertos y sus errores.

He actuado con el convencimiento de que el mencionado documento, de aprobarse en su literalidad, consagrará toda una serie de ilegalidades cometidas en Playa Blanca sin costo alguno para sus responsables.

El plan supletorio, según dicta la Ley de Directrices, está pensado para producir efectos limitados y siempre en el caso de que el planeamiento municipal no haya sido adaptado a las mismas. Solo permite entrar de una manera muy limitada en el establecimiento de la ordenación pormenorizada del municipio.

Pero en este caso, se establecen normas que, bajo su supuesto carácter general, responden a necesidades concretas de los infractores, amparándose en unos requerimientos de calidad que no encuentran soporte alguno en las directrices del turismo de Canarias.

El documento de aprobación inicial da vida a un plan parcial anulado de manera palmaria por los tribunales, escudándose en la existencia de supuestos terceros de buena fe, para terminar concediendo una parcela hotelera.

Da carta de naturaleza a la ocupación de zonas verdes y espacios públicos y recalifica suelo rústico cuando su destino es servir de morada a la jet local.

Por supuesto, todo ello sin ninguna disposición orientada a penalizar, a sancionar o a establecer un costo con el que compensar a la sociedad insular, que ha padecido un auténtico calvario judicial, político y mediático en su batalla por frenar la expansión ilegal en Playa Blanca.

Ser consejero del Cabildo me dio ocasión de conocer en profundidad las ilegalidades que se habían cometido. Me dio la oportunidad de compartir la opinión de destacados técnicos y juristas sobre lo que sucedía con las licencias. Me permitió convencerme de la importancia de una ordenación de calidad , que es sinónimo de calidad democrática y de respeto a la norma.

Por todo ello, en mi condición de ciudadano, me considero obligado a velar por los valores que prometí defender desde el ámbito público y que coinciden en lo esencial con mi convicción política y personal.