Las noticias sobre la desaparición de pruebas y autos relevantes en el caso Unión obligan a sospechar sobre la posible manipulación del expediente judicial realizada por “alguien de adentro”.

Una sospecha con base, pues si hay algo estremecedor en el retrato que dibuja el caso Unión es la facilidad y la asiduidad con la que se compraban voluntades políticas e informes técnicos.

Al parecer, esta capacidad de compra pudiera haberse extendido al interior de la justicia, con la finalidad de hacer decaer el procedimiento por la vía de sustraer o alterar documentación relevante del expediente judicial.

Estos hechos ponen de relieve dos cuestiones fundamentales. La primera, y más evidente, la sospecha, casi certeza, de que existe una enorme capacidad de corromper por parte de alguno o algunos de los imputados, hasta el punto de torcer la lealtad de algún operador judicial.

La segunda cuestión a considerar es hasta que punto la instrucción ha sido correcta y las pruebas suficientes que no basta con la defensa legal. Por lo visto, para alguno o algunos de los acusados, no es suficiente cuestionar la calidad de la instrucción o el valor de las pruebas obtenidas, se trata de que desaparezcan esas pruebas o documentos imprescindibles para tratar de invalidar la instrucción.

Precisamente el que hayan tenido que recurrir a estas maniobras da un margen adicional de credibilidad al relato que se estaba construyendo desde la instrucción: un entramado de relaciones entre empresarios, políticos y técnicos que habían asaltado las principales instituciones lanzaroteñas.

Al parecer, también han sido capaces de asaltar los juzgados.